La Asamblea de California ha aprobado la primera legislación existente en Estados Unidos para regular las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas contaminante que, según los científicos, se está acumulando en la atmósfera y está provocando un calentamiento del clima del planeta. Esta ley, que por primera vez otorga a la agencia que regula la contaminación del aire en ese Estado el poder de limitar las emisiones de CO2, obligará a los fabricantes de automóviles a vender sólo coches que emitan la menor cantidad posible de este gas.
El proyecto se aprobó por 41 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. Una votación al límite -pues precisamente era necesaria una mayoría de 41 para dar luz verde al proyecto de ley-, que fue posible gracias al apoyo casi unánime de los demócratas, que controlan la Asamblea en una proporción de 50 a 30, mientras que los republicanos mostraron su más férrea oposición. Ahora, sólo es necesaria la firma del gobernador del Estado, Gray Davis, a quien ya se le ha remitido el proyecto.
Con esta medida, los legisladores del Estado de California se adelantan al presidente George W. Bush, quien en la alternativa al Protocolo de Kioto que presentó el pasado mes de febrero no fijaba límites obligatorios a las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono, y ni siquiera citaba este gas en la reforma conocida como «Acta de Cielos Claros». Este proyecto sí imponía límites obligatorios, aunque a largo plazo, de emisión a las plantas que producen energía a partir de combustibles fósiles pero sólo para tres contaminantes: óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de mercurio.
Ecologistas alborozados
La ausencia del CO2 en la política energética del presidente Bush podría explicar el alborozo que el proyecto californiano ha provocado entre los grupos ecologistas estadounidenses y algunos abogados ambientalistas, que consideran este proyecto como el paso más importante jamás dado en Estados Unidos para controlar los gases que contribuyen al «efecto invernadero», acelerando el calentamiento global del planeta. Precisamente, Estados Unidos es el país que emite una cuarta parte de estos compuestos contaminantes en todo el mundo.
Esta medida no tendrá efecto hasta el año 2005, mientras que los primeros modelos de automóviles fabricados bajo estas condiciones no saldrán a la venta hasta 2009. Aun así, los ecologistas se mostraron satisfechos. Fred Krupp, presidente de la organización Defensa Ambiental, aseguró al diario «New York Times» que, contrariamente a lo que el presidente George Bush quiere hacer creer, este proyecto es «un signo de que las soluciones para la amenaza del cambio climático están en nuestras manos».
No piensan lo mismo los fabricantes de automóviles, que buscan desbaratar el proyecto con una agresiva campaña publicitaria en los medios de comunicación, en la que se sugiere que la medida tendrá como resultado la prohibición de los coches deportivos y de los de gran tamaño.
Mercado de emisiones
No obstante, y en favor de los intereses de esta industria, la Asamblea de California aprobó un compromiso en el que se exige que el proyecto de ley no imponga impuestos u otras prohibiciones para los grandes coches, y estipula que los fabricantes de automóviles podrán pagar a otras compañías que emitan estos gases para que reduzcan su emisión, compensando de esta manera los recortes que la industria automovilística tendría que hacer. Es decir, sería como una especie de mercado de emisiones, al estilo del que se recoge en el Protocolo de Kioto.
A pesar de estas concesiones, la industria automovilística reaccionó negativamente a la medida. «Esta es otra forma de regular la economía de los carburantes», dijo Chris Preuss, un portavoz de la General Motors, quien añadió que para ello sólo tiene la competencia el Gobierno federal. En respuesta, los grupos ecologistas argumentan que precisamente porque los carburantes son regulados desde la Casa Blanca, California está en su derecho de regular todas las formas de contaminación del aire, y que el proyecto de ley va dirigido a limitar las emisiones de CO2 y no la eficiencia de los carburantes.
