La reforma de la Ley Hipotecaria, que el Gobierno espera poner en marcha a mediados de 2007, busca facilitar la elección y el cambio de hipoteca a los ciudadanos. Una de las novedades será la obligación para las entidades financieras de ofrecer de forma gratuita distintas simulaciones de las cuotas a las que se enfrentarían sus clientes a lo largo de toda la vida del crédito antes de firmar cualquier contrato.
Con ello, aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Economía, se refuerza la transparencia del mercado, la capacidad de elección y, por ende, la competencia en el sector. Otra de las medidas estrella será la inclusión en la legislación de la denominada hipoteca inversa, cuya renta podrá ser cobrada de una sola vez y sin dar explicaciones sobre el destino del dinero.
A diferencia de lo que sucede hoy, que en ocasiones muchas personas contratan un crédito con demasiada premura por evitarse gastos y complicaciones a la hora de comparar ofertas, la nueva ley facilitará que los clientes cuenten con toda la información posible antes de firmar una hipoteca. Se presentarán varias hipótesis (en función de distintos escenarios de tipos de interés) que ayudarán a calcular la capacidad de pago futura.
Esta, y otras nuevas exigencias en materia de transparencia e información, estarán incluidas en una orden ministerial que debe preparar el ministro de Economía, Pedro Solbes, y que será debatida con los agentes del mercado. Se trata de ofrecer una información personalizada.
Sólo «humo»
A las asociaciones de consumidores no les convence la reforma que acometerá el Gobierno de la Ley Hipotecaria. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) la ha calificado de «humo» y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) dice que no protegerá a los usuarios.
Según CEACCU, lo anunciado hasta el momento «no aborda los principales problemas del consumidor», como la protección ante una futura situación de sobreendeudamiento o la posible responsabilidad de las entidades financieras por la concesión de préstamos por encima de las posibilidades reales del cliente.
En esta misma línea, FACUA señala que el problema de la reforma es que no introducirá ningún mecanismo específico que proteja a los titulares de préstamos en caso de no poder hacer frente a los pagos en situaciones críticas de falta de liquidez.
CEACCU considera además que las medidas anunciadas están «impulsadas por las propias entidades», ya que la supresión de la comisión de cancelación es «ya una práctica frecuente», siempre que el usuario así lo haya negociado en el momento de la contratación de su préstamo, por lo que el efecto real de la reducción anunciada «será inapreciable» para el consumidor.
Esta organización exige al Gobierno que aborde «de manera real» el problema del sobreendeudamiento, de forma que se prevea que los clientes puedan señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, siempre que sea con carácter excepcional y por causas justas como desgracias familiares, desempleo o accidentes de trabajo.
FACUA, por su parte, quiere que se introduzca en la reforma un capítulo completo dedicado a las cláusulas «ilegales» que se aplican en muchos contratos bancarios, como la obligación de contratar servicios que ofrece la entidad.
